LA CASA DEL JABONERO - Por Niza Puerto. Una vez más, el Gobierno del Estado tiene que dar la cara para resolver los problemas generados por aquellos funcionarios que no entienden o no quieren entender su misión, que les cuesta mucho trabajo grabarse que aquí están para hacer las cosas bien y no para causar problemas con abusos aceptados en otros tiempos.
Y es que hace unos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió al Gobierno de Quintana Roo una recomendación porque para el organismo las autoridades del penal estatal de Cancún violaron los derechos a la seguridad personal y jurídica, la legalidad, el trato digno y la reinserción de los presos al incumplir su responsabilidad de proporcionar alimentación adecuada, así como medidas de seguridad preventivas y necesarias al interior de esa prisión.
Todo ello sale a relucir por el amotinamiento en dicho penal ocurrido el pasado 11 de mayo, supuestamente porque los presos se quejaron de la reducción de alimentos en su dieta diaria, lo que dejó como saldo un muerto y siete heridos.
Aquí sale a relucir la imagen del secretario de Seguridad Pública, Carlos Bibiano Villa Castillo, cuya función al frente de la corporación policiaca (que incluye los penales) ha dejado mucho qué desear, quizá no tanto por ineficiencia, sino tal vez porque sus métodos ya resultan arcaicos y poco prácticos, siendo que incluso en la dotación de alimentos a los reclusos también tuvo que ver este personaje, al otorgar esta concesión a una amiga cercana.
Y más aún, en la recomendación 77/2011 señaló además que el Centro de Reinserción Social de Benito Juárez presenta graves problemas estructurales en las instalaciones y falta de personal para su funcionamiento.
Eso es muy cierto, pero aquí sí habría que aclararle a la CNDH que confundió al destinatario, pues el Gobierno estatal ha insistido una y otra vez al Gobierno Federal sobre la necesidad de construir en Quintana Roo un Centro Federal de Readaptación Social, topándose contra la pared las misas veces que ha insistido.
Y a pesar de ello, el gobierno de Quintana Roo informó que acatará cabalmente la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos los Humanos sobre las condiciones del penal de Cancún, “porque es interés del gobierno del estado que los internos cumplan sus condenas en condiciones dignas; de ahí que sea permanente el esfuerzo para mejorar procesos de reinserción social de los internos”.
Las instrucciones del gobernador Roberto Borge Angulo son muy claras y son el velar siempre por el respeto a las garantías individuales de todos los quintanarroenses, incluidos los que se encuentran internos en centros de reclusión.
Por ello es que se implementaron acciones para reducir la población de reclusos, con traslado de reos peligrosos y de sentenciados por delitos federales a penitenciarías de alta seguridad.
Ni hablar, los presos también tienen garantías individuales que deben ser respetadas, eso sin contar que muchos de ellos purgan condenas, cuando en realidad son inocentes y forman parte de los miles de expedientes enmohecidos y con telarañas que se encuentran olvidos en los archivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de los juzgados.
Y no sólo eso, sino que deben ser alimentados de manera digna y no de mierda, como acostumbran en penales de otras entidades, claro.
nizapuerto@elquintanarroense.com
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