CANCÚN, Q.Roo.- El monto de los recursos sustraídos de las arcas municipales rebasa por mucho a la suma retenida por el caso Fonhapo. La contralora Reyna Arceo Rosado reveló que además de los 89 millones de pesos de la cuenta 2009, en la 2010, si bien no ha concluido el proceso, se estiman faltantes por unos 100 millones de pesos y si bien se han iniciado procesos legales para resarcir el daño patrimonial no se ha recuperado un solo peso.
Entrevistada brevemente en el marco del programa Presidente Cerca de Ti, que ayer se verificó en la región 217, la contralora reiteró que en la cuenta pública del 2009 el quebranto asciende a 89 millones de pesos y que la cuenta del 2010 sigue en proceso, pero quedará firme en dos semanas, más o menos.
De manera detallada, Arceo Rosado indicó “tenemos los 127 millones de lo que es el decreto 166, más 60 de lo que es obra y del 2010 está alrededor de 100 millones de pesos, esto es de lo que tenemos ahorita en proceso”.
Y es que como hemos informado, el gobierno municipal, a través de la Contraloría, ha iniciado procesos administrativos contra ex funcionarios como Carlos Trigos Perdomo, en cuyo caso se le han embargado las mismas propiedades por segunda ocasión.
En torno a los 89 millones de pesos han sido requeridos seis ex funcionarios, entre ellos Trigos Perdomo y el ex presidente municipal Gregorio Sánchez Martínez.
Cabe resaltar que a finales de diciembre pasado, el tesorero Leonel Sauri dio a conocer un nuevo faltante de recursos en las arcas municipales, como se sabe la administración anterior llevó a cabo la reestructura de la deuda pública por mil 400 millones de pesos, en los que se incluyó una partida de 147 millones de pesos de crédito nuevo, de estos, 17 millones corresponden a la modernización catastral y 130 debían ir a obra pública pero no fue así.
En torno al crédito de casi 230 millones solicitados en 2009 para financiar obra pública, y que fue ejercido en los periodos de Latifa Muza y Jaime Hernández Zaragoza, la administración actual asegura que no se recibió ningún recurso proveniente del empréstito del decreto 166.
El crédito sería utilizado pagar liquidar más de 10 obras, pero únicamente se pagaron casi 61 millones de pesos a cuatro constructoras, entre las cuales hay obras no ejecutadas.
En ese sentido, la Contralora detalló que para tanto para los asuntos administrativos como los penales, que corresponde integrar a la Procuraduría de Justicia del Estado, se debe seguir un proceso, de ahí que no se vean resultados y en ninguno de los casos el gobierno municipal ha recuperado cantidad alguna de los recursos sustraídos.
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Fuente: El Quintanarroense
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